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El plan sexenal es la duración del periodo de gobierno, así como la presentación de un Plan Ejecutivo para alcanzar metas en diferentes esferas de atención para el beneficio de la población. Si bien a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940) las administraciones públicas federales duran seis años de ejercicio, sus acciones muchas veces están sujetas a esta periodicidad, lo que puede modificar la continuidad de diferentes programas de atención social. En lo local, solo los gobiernos de las entidades federativas duran seis años, mientras que las administraciones municipales corresponden a trienios.

En ese sentido, las políticas públicas tienen ciclos que bien pueden ser el cumplimiento de una meta gubernamental o bien la terminación por presupuestos o periodos de tiempo. Existen ejemplos a escala internacional en que grandes obras de ingeniería civil o bien el desarrollo de procesos de cambio llevaron más tiempo que la gestión que los iniciaron. Ejemplo de ello son aeropuertos de gran capacidad —cuya construcción tarda de siete a nueve años— o bien la presa de Tres Gargantas en China, que tardó 18 años en ser edificada.

En el caso mexicano existen políticas públicas institucionales que han durado más allá de un sexenio, tal como los apoyos sociales, el plan DN III, becas educativas, atención al consumidor, mantenimiento de carreteras, entre otros. Esta continuidad ha permitido avances importantes en el bienestar de la población y el desarrollo nacional. Sin embargo, también hay acciones que son evaluadas con los cambios de gobierno, y que las administraciones pueden decidir que no continúen sus operaciones.

Contar con políticas públicas de duración extensa puede contribuir a que los ejercicios de planeación y evaluación de las acciones de gobierno tengan impactos más amplios. No obstante, también existen riesgos en este tipo de decisiones, tales como falta de interés social o gubernamental, elevación de costos, avances deficientes o bien que estas labores de la administración pública ya no sean relevantes para las necesidades presentes de la población.

Debido a que los planes de gobierno son de tres años para las administraciones públicas de los municipios y de seis años para entidades federativas o el gobierno de la República, las políticas públicas de largo alcance enfrentan desafíos para su desarrollo, lo cual puede complicar avances en rubros como la superación de la pobreza, problemas sociales fuertemente arraigados, construcción de megaproyectos, entre otros.

Una característica que debe ser tomada en cuenta para la puesta en marcha, evaluación y modificaciones de acciones de gobierno de larga duración es el bienestar de la población, ya sea nacional o local, dependiendo del alcance de la política pública a instrumentar. Si bien la rendición de cuentas, transparencia y voluntad política son elementos fundamentales para dar certeza a estas labores gubernamentales, los beneficios permanentes deben prevalecer para la sociedad.

Algunos actores sociales como la academia, la sociedad civil o cámaras gremiales han expresado en su momento ideas acerca de la conveniencia de contar con políticas públicas transexenales que permitan dar continuidad a proyectos que buscan conseguir fines tangibles en diferentes temas de la vida nacional, como lo pueden ser agua, ciencia y tecnología, cultura, juventud, entre otros. Para lograr este desarrollo sostenible, también es importante que las planeaciones gubernamentales sean sólidas y respondan a necesidades reales.

Las administraciones en los tres niveles de gobierno en nuestro país (municipal, estatal y federal) enfrentan dinámicas a corto, mediano y largo plazo, con apremiantes decisiones que las y los mexicanos esperan a fin de coadyuvar en la mejora de la calidad de vida. En ese sentido, es conveniente hacer la reflexión acerca de la toma de decisiones para el porvenir del país y la trascendencia que pueden generar las políticas públicas transexenales.

LinkedIn: Juan Pablo Aguirre Quezada