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El robo de teléfonos celulares es un delito que ha afectado a la sociedad mexicana en las últimas décadas, con consecuencias riesgosas, como el acceso a cuentas bancarias, vulnerabilidad de la información personal, fuertes gastos económicos, pérdida de archivos y fotografías, entre otros. Ante un suceso de este tipo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) recomienda denunciar ante el Ministerio Público el ilícito, así como dar aviso a la compañía operadora. Esto permitirá que la autoridad pueda iniciar las investigaciones y fincar responsabilidades penales, así como contar con el apoyo de quien brinda el servicio para bloquear el aparato.  

Es precisamente la cultura de la denuncia una herramienta ciudadana que puede ayudar a reducir los riesgos relacionados con este ilícito, debido a que la gran mayoría de los casos no son denunciados, es decir, existe una cifra negra de este delito. De acuerdo con la firma The Competitive Intelligence Unit (CIU), 2.2 millones de teléfonos celulares e inteligentes fueron robados o extraviados durante 2024; lo que también impacta en un mayor consumo de otros equipos, dado que las personas afectadas adquieren un nuevo equipo lo antes posible.

Otros datos brindados por la organización CIU indican que el impacto económico de este delito asciende a $10.2 mil millones de pesos, que es el gasto que realizan las y los usuarios afectados para volver a contar con un teléfono inteligente. Además, únicamente uno de cada diez equipos cuenta con un seguro para casos de pérdida o robo, lo que afecta aún más la situación económica de quienes sufren este perjuicio.

Lamentablemente, el robo de celulares tiene otras finalidades utilizadas por la delincuencia para cometer otros delitos, que históricamente era la reventa del equipo o las piezas para reparaciones. Actualmente, las modalidades criminales utilizan la tarjeta inteligente (SIM card) para acceder a los datos, y así buscar cometer otros ilícitos como fraudes, extorsiones, amenazas, transferencias bancarias ilegales, compras no autorizadas, comunicaciones con otras personas dedicadas a actividades delictivas, entre otras.

Las y los mexicanos padecen diariamente los efectos de estos riesgos en sus equipos telefónicos; por lo que es importante tener acciones que dificulten que las y los maleantes puedan tener acceso a los datos sensibles, y así evitar mayores perjuicios a la ciudadanía. Acciones como la instalación de contraseñas, bloqueos de aplicaciones, contar con el número IMEI en un lugar seguro, información en la nube, entre otras medidas, son de gran utilidad para reducir los impactos negativos ante este tipo de robos.

Contar con un seguro económico para pérdida o extravío del equipo telefónico también es de gran utilidad para amortizar los gastos imprevistos ante el costo de volver a adquirir un bien de este tipo. Pese a sus condiciones de contratación, es una opción a fin de cuidar el patrimonio que representa el tener un aparato con los costos que ello representa.

El combate al delito de robo de teléfonos celulares e inteligentes solo será posible mediante la unión de esfuerzos entre empresa, ciudadanía y gobierno. Es importante que esta participación conjunta considere mecanismos de comunicación accesibles a fin de facilitar las denuncias en el Ministerio Público; la eficiencia de la iniciativa privada para inutilizar los equipos robados; así como acciones para desalentar a la delincuencia de apropiarse de estos bienes.

X: @realjpaguirre