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La reforma judicial aprobada este año dará lugar a una judicatura popular. Esto, en un doble sentido: primero, porque los comicios los ganan las candidaturas más populares; segundo, porque será el pueblo quien determine las personas que deberán ocupar los cargos en los juzgados, tribunales y la Suprema Corte.

Nos hemos centrado en la elección judicial federal, dado que la misma tendrá lugar el 1 de junio de 2025, ya corrieron los plazos para inscribirse en las convocatorias lanzadas por los tres poderes, y al momento se desahoga el procedimiento para definir qué personas estarán en las boletas para ese día.

Pero también debemos ver las elecciones judiciales locales. Recuerde usted que la reforma someterá a elección también a dicha judicatura; ¿se ha preguntado usted la dimensión de estas elecciones?

Veamos los datos. Conforme el “Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023”,  con datos actualizados a marzo de este año, 5,025 son titulares de un juzgado o de una magistratura, los cargos que serán sometidos a elecciones.

Ciertamente debemos esperar a las reformas judiciales locales que armonizarán las normas locales con las nuevas disposiciones de la Constitución; pero en todo caso, al momento los estados de Tlaxcala, Michoacán, Durango y Tamaulipas ya cumplieron con ese deber de adaptación.

También es correcto que esas renovaciones serán escalonadas, pero lo que quiero puntualizar es la amplitud de las elecciones judiciales locales, lo complejo que serán al tratarse de procesos nuevos, y el trabajo, así como los recursos que deberán destinarse para lograrlas de la mejor manera.

Ahora bien, estas actividades se empalman con la reforma electoral, que se ha anunciado para enero del año próximo. Si esto es así, vale la pena que quienes están diseñando esta nueva modificación constitucional tomen en cuenta la reforma judicial, y estimen sus efectos en la organización, así como en la calificación de elecciones.

Esto es, valdría la pena que, frente a la posible disyuntiva entre federalizar totalmente la organización de elecciones, centrada en un órgano nacional único, o mantener los organismos electorales locales, genéricamente llamados “OPLES”, el tema de la carga que significan las elecciones locales debería sopesarse.

Por un lado, por la carga de trabajo que significa: pensemos en esto: se empalarían elecciones federales (presidencia y senado cada seis años, Cámara de Diputados, mitad de los cargos judiciales) con las elecciones municipales, de los poderes locales, y por lo menos la mitad de los cargos judiciales locales. El INE, ¿tendría la capacidad de realizarlo?

No estoy dudando del profesionalismo de quienes integran ese órgano electoral. Más bien me pregunto si la capacidad instalada será la necesaria, si se ampliaría en cuanto a personal y recursos materiales, para poder absorber todas las elecciones judiciales locales.

Los OPLES  ya cuentan con personal con experiencia en la organización de elecciones, parecería una buena idea que esas capacidades sean debidamente aprovechadas en las elecciones de las judicaturas locales. También tendría lógica que fueran los tribunales electorales locales, que conforme la reforma constitucional no están contemplados para ser sujetos de voto popular, los que se encarguen de resolver en primera instancia, los litigios de este nuevo tipo de comicios.

Esto también me lleva a otra reflexión: en el modelo actual, con los OPLES organizando los comicios judiciales locales, los recursos necesariamente saldrán de los gobiernos de cada entidad. Si se federaliza, ¿el recurso saldría del gobierno nacional?

En todo caso, estas reflexiones no pretenden guiar ninguna decisión, sino plantear algunos posibles puntos de reflexión que, incluso, probablemente ya están en consideración.