PRODUCCIONES

Es revelador el mosaico de las opiniones y comentarios derivados de la presentación de la medición de la pobreza en nuestro país del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Primero, el contexto. Es la primera vez que se presenta con posterioridad a la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la asignación de la función al INEGI. Cabe registrar que no hubo modificación en la metodología empleada en la serie bianual.

Segundo, los resultados. Una de cada tres personas en nuestro país se encuentra en pobreza multidimensional; es decir, carecía de, al menos, acceso a uno de los siguientes satisfactores: educación, salud, seguridad social, vivienda, alimentación o ingreso mensual por persona menor al necesario para adquirir una canasta alimentaria, bienes o servicios indispensables. En comparación con 2022, la disminución fue de 6.8 por ciento. Y la pobreza extrema —más de tres carencias de los satisfactores aludidos— pasó de 9.1 millones de personas en 2022 a 7 millones en 2024.

Son, sin duda, logros en la dirección correcta.

Dos componentes sirven para explicar el movimiento positivo y su significado: el abandono de la contención del incremento del salario mínimo por debajo de la inflación, que se aducía tendría un efecto negativo en la estabilidad de los precios; y las transferencias federales a determinados grupos de la población con menores ingresos, como las personas adultas mayores. En el análisis, el primero es fundamental en el avance contra la pobreza multidimensional y el segundo resulta medular para explicar la disminución de la pobreza extrema.

A raíz del reporte, buena parte del debate público se ha plegado a la polarización promovida durante la gestión del expresidente López, con su particular inclinación a la descalificación y la denostación de quienes no coincidían con sus consideraciones y decisiones, y confirmada a lo largo del período presidencial de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. En un polo, el elogio y el panegírico y, en el otro, la reticencia y la negación. La valoración objetiva y ponderada está, también, en la plaza pública, pero tiende a escasear.

La confrontación por el poder político que se prolonga durante el ejercicio de las funciones encomendadas es propicia para nublar el panorama. Lo que merece ser reconocido enfrenta cortedad e, incluso, ausencia, que no se justifica a la luz del logro, y lo que requiere ser enmendado no recibe el análisis mesurado que es necesario para mejorar. Todo bien o todo mal, sin las tonalidades indispensables para abrir el diálogo y revisar lo que se considera positivo y lo que se estima negativo.

Sería erróneo y mezquino no reconocer que la revisión (iniciada al final de la gestión 2012-2018) del nivel del salario mínimo como el piso de la remuneración por la contribución al proceso productivo ha sido factor determinante para disminuir la pobreza multidimensional y mejorar la situación económica de millones de personas. La economía prácticamente no crece, pero hay un efecto distributivo de la riqueza por una determinación de política pública en materia salarial. Vale festejar el acertado abandono del dogma de la mayor parte de la tecnocracia hacendario-financiera sobre el efecto de salarios y su revisión por razones de justicia social en el índice inflacionario.

También sería ingenuo caer en la complacencia de celebrar la meta alcanzada sin ver los demás elementos que lo requieren: falta de crecimiento económico, insuficiencia de recursos para el gasto público necesario, casi la mitad de la población económicamente activa en la informalidad y fin de la etapa del bono demográfico y la cada vez mayor presión del costo de las pensiones para las finanzas públicas.

En vez de la confrontación por los plus y los minus de los resultados de la medición más reciente de la pobreza en el país, valdría la pena que desde el mundo de las ideas y la formulación de los diagnósticos y las propuestas se hiciera el esfuerzo por elaborar planteamientos sobre los problemas que están con nosotros:

(i) ¿Cómo reactivar y acelerar el crecimiento del Producto Interno Bruto? Son parte de la agenda la confianza de quien tiene ahorros o disposición de crédito para invertir, la seguridad jurídica inherente y la confiabilidad del sistema de justicia.

(ii) ¿Cómo elevar los ingresos públicos y propiciar una mejor distribución entre los órdenes de gobierno? Hay que dialogar sobre la pertinencia de ir a la reforma hacendaria que permita revertir la distancia entre ser la 12.ª economía del mundo, pero con el lugar 81.º en el índice de desarrollo humano.

(iii) ¿Cómo llevar a cabo una política transexenal de mediano plazo para terminar con el empleo informal y hacer que esos esfuerzos productivos cuenten con el reconocimiento y protección del orden legal? La idea de colocar el derecho de las personas a la par de la realización de sus actividades de generación de producto y valor ha sido postergada prácticamente por la vida entera de nuestra Constitución.

(iv) ¿Cuáles son las medidas urgentes que deben tomarse para detener y revertir el cada vez más severo subsidio de las finanzas nacionales al pago de las pensiones exigibles por la quiebra del modelo en el cual se generaron y siguen generándose? 

Vale la pena superar la confrontación estéril sobre quién se equivocó y quién tuvo razón, para enfocarnos objetiva y constructivamente en los problemas que siguen aquí, incluida la siguiente fase del combate a la pobreza.

San Pedro Garza García, Nuevo León, 23 de agosto de 2025.