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“Tucuyricuy”, en quechua “el que todo lo ve”. Por allá del siglo XV, en el Imperio Inca existió una figura que recaía generalmente un funcionario de alto rango; tenía la función de viajar por el imperio para inspeccionar y supervisar que todas las órdenes del Inca fueran obedecidas y el imperio funcionara de manera correcta y organizada. No era un simple supervisor, eran los ojos del Inca. Lo importante aquí es que a él también se le reportaba cualquier irregularidad o problema que pudiera existir de las autoridades, es decir, abusos, injusticias, etc… y tenía la facultad de imponer castigos a los funcionarios; digamos que era juez e incluso, en muchas ocasiones, parte.

En Latinoamérica, el Tucuyricuy es nuestro antecedente a las instituciones que hoy conocemos como defensoras de derechos humanos. En México hay mecanismos no jurisdiccionales para la defensa de derechos humanos que, entre muchas funciones, garantizan, promueven y protegen los derechos humanos, lo que significa que no dependen de tribunales o jueces, mientras estos últimos, que son mecanismos jurisdiccionales, resuelven conflictos mediante sentencias, los no jurisdiccionales se enfocan en la supervisión, recomendación, conciliación y denuncia ante violaciones de derechos humanos.

Las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) son una pieza clave en la defensa de derechos humanos para cualquier país. Para el nuestro la institución más importante es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual como la figura del imperio Inca, conoce de las quejas de parte de los ciudadanos contra abusos de autoridades y tiene la tarea de conocer, investigar, conciliar, formular recomendaciones, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.

Es de suma importancia que como mexicanos tengamos conocimiento de todas nuestras vías de defensa, sobre todo cuando se trata de una violación a derechos humanos. El que una institución encargada de defendernos conozca de este tipo de casos da pie a que utilicen sus mecanismos como las “recomendaciones generales”, las cuales son documentos que se envían a los estados y autoridades federales señalando las violaciones que cometieron y las recomendaciones para resolverlo. Un ejemplo claro son las recomendaciones 25 y 26 del 2016, recomendaciones que se hicieron a los gobernadores para la promoción de la legislación de leyes en materia de protección a periodistas que posteriormente derivó en un convenio para tomar las medidas pertinentes por parte de los gobernadores.

A lo largo de la historia, las recomendaciones generales han obligado a las autoridades a analizar estas fallas, lo que ha derivado en leyes, convenios y precedentes para futuros casos, un parteaguas tanto para el sistema de justicia como para las instituciones defensoras. 

A medida que avanzamos, en México los mecanismos no jurisdiccionales funcionan y se dan a conocer más, las recomendaciones tienen más peso, los procesos son menos burocráticos, lo que ayuda a que la gente opte por estas vías. En mi opinión, hace falta trabajo en conjunto y compromiso de las autoridades para que las recomendaciones tengan un carácter aún más vinculante y serio, que se dejen de ignorar, pues las únicas afectadas son las víctimas de violaciones a derechos humanos y asimismo se debilita el poder garante de una institución como la CNDH, la cual, por sus características de autonomía, es vital que exista. Comencemos como sociedad a reconocer la labor de las INDH, valoremos su trabajo, que, aunque parezca que lo hacen en silencio, al final crean precedentes que hacen ruido por muchas personas. 

Hoy por hoy, como en el imperio inca, necesitamos ojos que vigilen el poder, ojos que necesitan de nosotros, los ciudadanos. Defender nuestros derechos comienza por conocerlos y por conocer a quienes los hacen valer.

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