PRODUCCIONES

Geografía, historia, política, economía, migración y asimetría se entrelazan para marcar la relevancia de las relaciones de nuestro país con los Estados Unidos. Lo que allá sucede merece atención, tanto en la forma como en el fondo y su significado.

Está en el pasado: la primera independencia en el continente americano y la creatividad para contraponer el modelo republicano al monárquico; la confrontación y amenaza de desmembramiento por la cuestión de la esclavitud; la afirmación de la forma democrática ante las propuestas totalitarias del fascismo y del nazismo; y la división estratégica del mundo entre el occidente liberal y el este comunista en la Guerra Fría.

Y está en el presente: el surgimiento de un fuerte polo populista en la Casa Blanca y el Capitolio. La segunda presidencia de Donald Trump ha confirmado la tendencia al dominio de la mayoría que no busca convencer, sino imponer. Parecería, al calor del Make America Great Again, crecer la noción que equipara la mayoría a la razón; se tiene la razón porque se es mayoría.

A finales de agosto último y principios de este septiembre se sucedieron dos actuaciones del mandatario estadounidense que vale la pena registrar como ejemplos de arbitrariedad. Una está sujeta a la revisión judicial y otra a la incredulidad y el pasmo generalizado. Ambas permiten confirmar —si acaso alguien tenía dudas— el talante del inquilino de la Casa Blanca.

En lo interno, Trump procedió a remover como una de las siete personas gobernadoras de la Reserva Federal (RF) a la Dra. Lisa Cook, primera afroamericana en formar parte de ese órgano, por presuntamente haber incurrido en un ilícito penal al proporcionar información contradictoria en dos solicitudes para obtener sendos créditos hipotecarios relacionados con la adquisición de una propiedad en Michigan y otra en Georgia. 

La gobernadora Cook impugnó judicialmente su remoción con el señalamiento de que no hay motivo para ello. Aunque la RF es autónoma del Ejecutivo, este hace al Senado las propuestas de quienes integran la Junta de Gobernadores y puede hacer la remoción cuando exista causa justificada. La demandante señala que la imputación de haber cometido un delito obedece a una intención política de la administración (la imputación es de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda, que es dirigida por Bill Pulle, aliado del presidente Trump); no se le ha otorgado la garantía de audiencia y defensa ante la facultad presidencial y menos ha sido hallada culpable de haber delinquido. En ese contexto, ha combatido no solo su

remoción, sino que ha solicitado se suspendan sus efectos hasta que se resuelva el fondo del asunto: la acreditación de una causa para su retiro de la Junta de Gobernadores.

Esto ocurre en un escenario de mayor profundidad o el control de dicho órgano por la Casa Blanca. Actualmente está en marcha el procedimiento senatorial para cubrir la vacante producida por la renuncia de Adriana Kugler. Trump propuso para sustituirla a Stephen Miran, quien es presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. En el balance para obtener la mayoría en la Junta, este relevo implicaría que el gobierno federal tuviera tres aliados. La remoción y sustitución de Cook con otro aliado del Ejecutivo y la confirmación por la mayoría republicana en el Senado le podría dar a Trump el control de la RF, cuyo presidente, Jerome Powell, ha tenido diferencias sobre la determinación de las tasas de interés.

¿Cuál es el alcance de la facultad presidencial? Habrá determinación judicial inicial y, probablemente, el asunto llegue al conocimiento de la Corte Suprema, donde podrá analizarse a la luz de la naturaleza de la RF y los hechos concretos. En principio hay una arbitrariedad reconocible, pues la imputación de una conducta ilícita no vence el debido proceso ni la presunción de inocencia.

En lo externo, el 3 de los corrientes, la milicia estadounidense lanzó un proyectil contra una lancha rápida con 11 personas a bordo al entrar a aguas internacionales en el trayecto de Venezuela a Trinidad y Tobago, con el señalamiento de que transportaban drogas destinadas a su venta ilegal en los Estados Unidos.

Más allá de la tensión imperante entre Washington y Caracas, la recompensa elevada por la captura de Nicolás Maduro y la forma espuria con la cual mantiene el cargo presidencial en Venezuela, el desprecio del gobierno estadounidense por el orden jurídico internacional es grave y preocupante. ¿Cuándo resulta justificado el uso de la fuerza desproporcionada y letal? ¿Puede un país bombardear embarcaciones en aguas internacionales a partir de consideraciones de carácter estrictamente unilateral?

La embarcación no constituía —a la luz de la propia información difundida por los EEUU— una amenaza para su seguridad y había varias acciones de realización factible antes de la destrucción de la lancha y la muerte de quienes allí se encontraban, que podían haberse efectuado con la colaboración del supuesto país de destino.

Lo anterior resultaba irrelevante ante el objetivo de afirmar la capacidad para obtener información y presentarla cuando y como convenga, la disposición de los medios tecnológicos para utilizar la violencia letal y la decepcionante aceptación generalizada de la «razón» del más fuerte en detrimento del derecho convencional. Es la arbitrariedad de solo acatar el orden internacional cuando resulta conveniente o a voluntad, sin compromiso.

Dos ejemplos para mantener en perspectiva la forma de actuar del gobierno estadounidense, que implica complejidad, riesgo e, incluso, amenaza para quienes no comparten sus ideas o sostienen principios contra la arbitrariedad.

Chalmita, Estado de México, 6 de septiembre de 2025.