Fobaproa: la deuda millonaria trasladada al pueblo de México
Por Jesika Alejandra Velázquez Torres
Maestra en Derecho constitucional
Conductora de Luchando por la justicia
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(El siguiente, es un artículo de opinión ciudadana. Las afirmaciones vertidas son responsabilidad de quien las emite y no expresan necesariamente la postura del IMER)
La crisis financiera que sacudió a México en la época de los 90´s (1994-1995) obligó al gobierno Priísta a tomar decisiones urgentes y desastrosas para evitar el colapso del sistema bancario. Entre ellas, la creación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, más conocido como “el Fobaproa”. Lo que se presentó como un mecanismo para proteger los ahorros de las y los ciudadanos y así garantizar la continuidad del sistema de pagos terminó convirtiéndose en una pesada e injusta deuda económica que aún recae sobre generaciones de mexicanos.
El Fobaproa absorbió deudas privadas de bancos en crisis y las convirtió en deuda pública. A través de programas como el de Capitalización y Compra de Cartera y los Apoyos a Deudores, se canalizaron recursos a créditos hipotecarios, empresariales, agropecuarios y municipales. Aunque estas medidas buscaban aliviar la carga financiera de los deudores y evitar una cultura de no pago, el proceso estuvo marcado por una profunda corrupción, opacidad y una preocupante falta de control institucional.
Diversos análisis han señalado que el Congreso de la época fue excluido de manera efectiva en la toma de decisiones sobre el rescate bancario, pues las operaciones del Fobaproa se realizaron mediante acuerdos administrativos y decisiones del Ejecutivo, sin una ley específica que autorizara convertir deuda privada en deuda pública, en deuda de los mexicanos; vulnerando los principios constitucionales de legalidad, división de poderes, transparencia y rendición de cuentas, entre otros.
La operación Fobaproa nunca publicó con claridad quiénes fueron los beneficiarios del rescate ni los montos exactos absorbidos por el Estado y por la sociedad mexicana, de igual modo los criterios para seleccionar las deudas asumidas permanecieron ocultos, lo que alimentó la sospecha de favoritismo hacia grandes grupos financieros, empresarios, políticos y la clase alta. Esta opacidad no solo afectó la rendición de cuentas, sino que también erosionó la confianza ciudadana en las instituciones y la legitimidad en ellas, por el uso discrecional de recursos públicos.
En 1999, el Fobaproa fue sustituido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), con un sistema de protección limitada a los depósitos que, si bien buscaba mejorar la transparencia y la regulación, el daño ya estaba hecho; la marca indeleble en la historia económica del país y en las familias mexicanas era y es un hecho.
Hasta la fecha -2025-, este costo no ha terminado, los mexicanos han pagado más de 2 billones 30 mil millones de pesos en intereses acumulados desde 1995, datos arrojan que el saldo pendiente de la deuda aún supera 1 billón 159 mil millones de pesos. Tan solo este año, el presupuesto federal destinó más de 52 mil millones de pesos a cubrir estas obligaciones, a través del Ramo 34: “Erogaciones para Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca” que en otras palabras son recursos públicos utilizados para pagar una deuda ajena heredada por el grupo de personas beneficiadas en los 90´s que no genera beneficios directos actuales.
Hoy, varias décadas después, el caso Fobaproa sigue siendo una deuda que parece impagable, a consecuencia de mezclar política, corrupción y finanzas sin transparencia ni rendición de cuentas; así como de la vulneración al principio de legalidad del gasto público, equidad tributaria, etc. No fue un error técnico, hubo responsabilidad del Estado e impunidad, tanta que los responsables radican en Norteamérica y Europa en total libertad.
